Tras 50 años de continuo conflicto "interno", en el que se han sucedido dos guerras civiles, se ha configurado en Colombia una situación de dualidad de poderes. Cada uno de los Estados o semi-estados está provisto de todos los artilugios y órganos de un Leviathán, con su particular aparato ejecutivo, de justicia y legislación, disputándole a sus homólogos las jurisdicciones que cada cual pretende ejercer como una potestad de su exclusiva competencia. Ninguna de las partes de la confrontación ha obedecido jamás a principios firmes - ni aún en la fase en que la guerra interna podía considerarse como una versión local de la confrontación más amplia de los dos bloques imperialistas surgidos en la segunda post-guerra; cada fuerza sigue, en cambio, un pragmatismo que suele desconcertar a quienes proceden con esquemas o clisés demasiado simples y rígidos para examinar los fenómenos políticos. En efecto, independientemente del origen social de los protagonistas individuales de la confrontación y de sus principios políticos sedicentes, una vez las estructuras estatales o para-estatales que han edificado a lo largo de años han llegado a cierto grado de desarrollo, su conducta consiste en conformar una maquinaria de poder destinada a producir sometimiento. Los miembros de la maquinaria no son más que simples agentes individuales que obran al modo de engranajes acerados de una estructura que los define en función de sus relaciones con los demás cuerpos sociales organizados y de los roles y el poder que les atribuye en la administración de la sociedad. La máquina nace de la separación que el grupo establece y renueva, reclamando, por tanto, instrumentos políticos, vale decir, medios de dominación para instaurar y legitimar su poder sobre y contra la sociedad.

En los últimos diez años, luego de la caída del bloque soviético, la lucha por una absoluta hegemonía ha sido sucedida por la idea de alcanzar la integración de los dos poderes en un nuevo Estado reconstituido, obediente a las nuevas definiciones de un acuerdo político que debe concretarse en un gobierno de coalición capaz de armonizar a los viejos enemigos en un nuevo espectro político compartido que confiera a las partes hoy enfrentadas una cuota razonable de participación en la gestión. Las relaciones contraídas por estas dos partes, así como la posibilidad de celebrar futuros pactos y acuerdos, están sujetas tanto al poder real y la facultad de chantaje social, político y militar alcanzado por cada una de ellas, como a las garantías que ofrezcan a los intereses económicos de los grupos industrial y financieros más poderosos, de los que, en último análisis, depende su supervivencia. Dentro de este marco general, se lleva a cabo la disputa por la renta financiera y por la apropiación de la gestión o, cuando menos, de la legislación de las actividades económicas - y las áreas geográficas - a las que se asocia su extracción en Colombia.

Las razones por las cuales cada uno de los dos estados o para-estados miran con avidez el negocio petrolero son las mismas por las cuales los grandes inversionistas y compañías del mundo se sienten atraídos a invertir. Su nexo con el petróleo sólo difiere en un punto: en el extremo grado de parasitismo que los caracteriza. Para ambos para-Estados el capital y la tecnología deben ser aportados por las compañías petroleras a través de la celebración de contratos de asociación con las empresas nacionales; a ellos sólo les corresponde establecer el dominio territorial y un aparato administrativo confiable. Las opciones de preferencia de las compañías son tomadas con arreglo al principio de que las garantías proporcionadas por cada para-estado permitan la exploración y extracción del crudo en términos redituables. En el fondo: como parte de la lucha por su viabilidad práctica, ambos para-estados se disputan la oferta de condiciones atractivas para el capital en la misma medida que su preferencia significa regalías, impuestos y participación, lo cual, naturalmente, conviene sobremanera a sus arcas. En último análisis, todos responden a un mismo principio y son englobados por las mismas fuerzas que delinean la actual economía mundial

Recordemos que los años 80's y 90's del siglo XX América Latina fue el líder en nuevos hallazgos petrolíferos. Durante 1982 y 1991:

[se] descubrieron 29.700 millones de barriles de petróleo liviano, mediano y pesado en suelo latinoamericano, es decir, el 35% de los descubrimientos en todo el mundo.

New York Times, sept. 93

Se ha comprobado que las reservas de la región sumadas a las de los países caribeños totalizan 123.000 millones de barriles, cinco veces las reservas probadas en territorio estadounidense. En Colombia ha tenido lugar el más importante descubrimiento en las Américas desde Prudhoe Bay en Alaska en 1968. Tan sólo un tercio del total del área con reservas comprobadas ha sido explorado en este último país: la explotación actual ha sido dividida entre British Petroleum, Total, Triton Energy Corporation Dallas y la empresa estatal Ecopetrol. Este mar de petróleo convierte a la región - y particularmente a la zona de frontera colombo-venezolana, donde se han verificado los más notables yacimientos - en una zona de confrontación especialmente intensa. Para sorpresa de los que creen todavía en la retórica anti-imperialista de la guerrilla, ninguna de las partes en conflicto es opuesta a la privatización; por el contrario, todas reconocen el beneficio de asociarse con las transnacionales, sólo discuten los términos de la misma y buscan condiciones que las favorezcan en los planos político, financiero y geoestratégico. Al implantar una fuerte presencia militar y estatal en las regiones petroleras y mineras explotadas por las multinacionales, la guerrilla se eleva hasta el status de interlocutor válido de las compañías y opera como Estado garante de la renta petrolera. Mediante la transacción social y política con los latifundistas, la burguesía rural y las compañías, la guerrilla asigna tasas, funciones, jurisdicciones, deberes y derechos que le permitan operar como un estado entre las poblaciones sometidas a su disciplina. Las compañías son bienvenidas y convertidas en objeto privilegiado de negociación en tanto que consientan su participación, pero simultáneamente son objeto de presiones coercitivas encaminadas a convencerlas de la pertinencia de tal negociación. Así, al tiempo que obtiene la apariencia para una legitimación ideológica, la guerrilla recoge juiciosamente dinero a cambio de protección bajo el título de "aportes sociales y de guerra" para su "gobierno revolucionario".

Los primeros pactos de las guerrillas con las multinacionales se concertaron en los años 80's con el consorcio alemán Mannesmann, el cual dio ventajas especiales al ELN, entregando millones de dólares para el financiamiento de la organización y de proyectos sociales implementados por ella en la región de los "llanos orientales" cerca de la frontera con Venezuela. A este pacto han sucedido otros, los más recientes entre la British Petroleum Company y las Farc en la región de los u'wa una tribu indígena que se opone a la implantación en sus tierras de los pozos de la compañía. La guerrilla ha asumido el rol de mantener a la población indígena bajo un estado de amenaza y ha asesinado a tres indigenistas norteamericanos que representaban sus derechos ante organismos internacionales. La misión de la guerrilla es aquí mantener controladas las reivindicaciones indígenas y limpiar la región de eventuales opositores a sus políticas. A este propósito, las Farc han emitido un decreto que prohibe a los voceros de los movimientos indígenas y a las entidades ecologistas opuestas a la destinación de la región a la explotación petrolera hacer presencia en la región y declaran objetivo militar a cualquier elemento extraño que haga presencia en ella.

Las particularidades del país estimulan estos procesos: Colombia es un país de diversas regiones, cada una de las cuales permanece separada de las otras por selvas y montañas. Esto, unido a la existencia de un Estado oficial controlado según un estilo oligárquico que lo priva de cualquier tipo de consenso a nivel de masas y a un sistema industrial incapaz de articular a la población en torno a actividades económicas formales, crea un clima apropiado para la prosperidad de para-estados independientes que asumen funciones estatales allí donde sencillamente la actividad del aparato oficial no llega. En ausencia de los mecanismos integradores de un aparato estatal y de una economía industrial-comercial semejantes, la sociedad se dispersa y se acoge a mecanismos autónomos regidos por maquinarias organizadas que, al tratar de representar los intereses particulares de las fuerzas locales, constituyen por separado un Estado que suplanta al oficial precisamente en los puntos donde éste ha renunciado a sus funciones, rivalizando con él por el control de los mecanismos económicos y sociales de la formación de la renta.

He aquí en forma resumida las verdaderas coordenadas de una política que toma el disfraz de la revolución y el socialismo, pero responde, en realidad, a la lógica de la apropiación parasitaria de la renta y participa en el movimiento convergente del capital por subordinar el cuerpo social a esta lógica.