Pocos meses atrás, en una reunión de las diez empresas capitalistas más importantes de EU y Europa, auspiciada por el CITIBANK, el presidente de Bolivia Hugo Banzer asumió el desafío de profundizar y acelerar los cambios demandados por las multinacionales a fin de enviarle señales inequívocas al capital internacional de que en su país se están dando los pasos para perfeccionar el marco jurídico y regulatorio que asegure reglas claras para los inversionistas,

cuya presencia, de acuerdo con el discurso pronunciado por Banzer en esa reunión, deseamos incentivar y fomentar.

Entre ellas se cuentan:

la nueva organización del Poder Ejecutivo, la Ley del Mercado de Valores, la conclusión de los procesos de capitalización y privatización de las empresas públicas, la Ley de Concesiones para la construcción del sistema vial y de Obras Públicas, la Ley de Seguros, la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley de Aguas y la Ley de Procedimientos Administrativos.

La primera consecuencia de estas políticas ha sido la sublevación de masas. El levantamiento general se ha iniciado en la ciudad de Cochabamba, se ha extendido al Chapare y al alto valle con bloqueos y demostraciones, cobrando, finalmente, fuerza en el altiplano y en la capital, La Paz. La promulgación del estado de sitio por el gobierno Banzer no ha detenido a los sublevados, que en masa persisten en su intento de echar atrás los planes del capitalismo internacional. La revuelta de los esclavos latinoamericanos no tiene, pues, razones para cesar. Hoy ha adquirido el carácter de un huracán social que se mueve en muchas direcciones.

Pese a - y en contraste con - el escaso desarrollo local de las fuerzas productivas del capital, en Bolivia las masas han testimoniado poseer un nivel de consciencia más avanzado que el de los trabajadores de otros países de la región. La explicación de este fenómeno reside tanto en el hecho de que la penetración de la ideología burguesa es todavía incipiente (en efecto, frente a la ideología egotista del consumismo y del mercado que el capital trata de implantar, sobreviven, con base en una enorme población excedentaria no susceptible de ser integrada en la economía formal, las variedades de cultura y pensamiento de la comunidad tribal y campesina basadas en la cooperación y fuertes lazos colectivos de solidaridad), cuanto por formar parte Bolivia del eslabón débil de la cadena imperialista hacia el cual el capitalismo internacional traslada las consecuencias agudas y extremas de su crisis.

Los acontecimientos de los últimos dos años en la periferia del capitalismo, donde los efectos son más dramáticos e inmediatos, muestran que la crisis económica tiende a transformarse en crisis política. Los primeros episodios de tal transformación se han vivido en Asia, luego han tomado cuerpo en América Latina. Las expectativas burguesas, proclamadas con júbilo tras el derrumbe ruso, sufren hoy la ruda crítica histórica.

Aunque no ha tenido eco publicitario alguno, el movimiento de las masas en Bolivia ha dejado patente su superioridad cualitativa respecto de la revuelta "ecuatoriana", "peruana" y "colombiana"; sus reivindicaciones expresan tanto los intereses inmediatos de los sectores más golpeados de la clase trabajadora, como consignas que abarcan el conjunto de la clase. Por un lado, sus reivindicaciones se formulan a partir de su situación concreta y como reacción a las privatizaciones, sin subordinarse al movimiento nacional (caso de Colombia, Ecuador y Perú); por el otro, la unidad y la coordinación se consiguen en función de la lucha por derrotar la política de los patronos y el gobierno. En tanto que los campesinos demandan básicamente la anulación "total" de la Ley de Aguas y el cese de la erradicación de la hoja de coca, la Coordinadora popular tiene como principales exigencias la rescisión del contrato a la empresa transnacionalizada "Aguas del Tunari", la eliminación de la ley 2.029 relativa al régimen de aguas y la titularización de las tierras comunales. Por su parte, los docentes se han movilizado por alza de salarios.

No obstante la tendencia a unificar la lucha de todos los sectores explotados, la inserción de los desheredados urbanos en el movimiento es precaria. Aunque bajo ciertos aspectos se advierte una creciente polarización de las masas, los pobres de las ciudades, que sufren el terrible desabastecimiento provocado por los bloqueos agrarios, podrían tener reacciones inconscientes fácilmente recuperables por sus enemigos. En algunos círculos se piensa incluso que la mayor parte de los sectores urbanos se sienten ajenos a la movilización. Subsiste también el peligro del nacionalismo de los pueblos indígenas, cuyas ansías de redención social y cultural pueden llevarlos a albergar la romántica esperanza de obtener una revancha histórica retrocediendo al pasado. En la hipótesis de que esto sucediera, estarían fuertemente incitados a romper el frente único de masas, alcanzado en y por la lucha, sobre el cual descansa la posibilidad de vencer cuando menos parcialmente la política de la burguesía. Por otro lado, está el espíritu reaccionario y racista de la clase media, que se limita a culpar de sus frustraciones sociales a los rebeldes, exigiendo del gobierno "mano dura" para acabar con el desborde "de los indios".

En coherencia con su ascenso político, las masas no pueden expresarse ni organizarse a través de las instituciones democráticas o del Estado. Su dinámica y el grado de movilización alcanzado tampoco se ajustan ya a las estructuras corporativas y sindicales. Tienden, en cambio, a superar estas formas y a dotarse de instancias de coordinación capaces de operar en medio de la lucha contra el poder y de unificar el mayor número de sectores bajo una bandera común. Así, el desencadenamiento de la lucha de clases ha puesto en tela de juicio todos los límites burgueses de los mecanismos de mediación entre las clases subalternas y el Estado, destruyendo de inmediato gran parte del tejido que une a las organizaciones de la sociedad con el poder. En vez de disolver el individuo de la clase en el ciudadano abstracto de la política, lo vincula directamente con su yo colectivo real, haciéndolo consciente de sus intereses de clase. Atraídas por el imperativo de la lucha en defensa de sus intereses comunes, las masas proceden a través de la autoorganización y la acción directa, sin consentir que ninguna instancia de "vanguardia" o los mecanismos estatales las reemplacen en sus acciones. Emplean el sistema asambleario. Sus delegados son directamente electos. Por ejemplo, en las negociaciones con la autoridad gubernamental obedecen al mandato conferido por las asambleas o los cabildos populares. Para garantizar su autonomía, los mismos han instituido que sus representantes sean revocables en cualquier momento y respondan por sus actos ante las instancias de las masas, las cuales ostentan la "soberanía", arrogándose el derecho de repudiar cualquier tentativa de abdicar a la facultad de rechazar las conclusiones arrojadas por las rondas de negociación con un gobierno al que consideran extraño a sus intereses. En muchos casos han adoptado incluso las atribuciones de los organismos propios del poder obrero al boicotear las ordenanzas del gobierno oficial de Banzer para emitir y hacer cumplir sus propias contra-medidas.

La capacidad de las direcciones tradicionales de controlar el movimiento de masas está limitada por el hecho de que no existen diques para desviar las reivindicaciones actuales. No obstante, también aquí el conflicto "cocalero", con sus peligros y oportunidades, tiene un peso enorme en la actual escena de confrontación social. El problema de la coca guarda relación con la búsqueda de nuevos medios de vida por parte de las masas que han devenido excedentarias en razón de las características locales de la acumulación de capital o se enfrentan a la imposibilidad de integrarse en los mecanismos subsidiarios de la economía de servicios. El destino de la rebelión de los cocaleros - que ha estallado después del estrepitoso fracaso de los cultivos ‘alternativos’ de ananás y banana con que se pretendió reemplazar las plantaciones de coca - está sujeto a la capacidad de los jornaleros de las plantaciones, de los campesinos pobres y de las comunidades indígenas para articularse independientemente de la lumpemburguesía narcotraficante y sostener un proyecto propio al lado de los demás explotados. Esto a su vez depende de la disposición política del proletariado de las ciudades y de la constitución en su interior de una corriente comunista. Tanto la rebelión de los pobres del campo, como la misma política oficial dictada por el FMI y los USA, ponen de manifiesto la incompatibilidad entre el capitalismo - cuyo mercado declara ‘superfluos’ tanto a los productos ‘alternativos’, como a sus productores - y la supervivencia de las masas. Antes de decidirse a negociar, Banzer y su gobierno han debido esperar la demostración de la impotencia de las fuerzas armadas para sofocar la rebelión. Siguiendo las directrices de la embajada estadounidense, han limitado desde el comienzo el alcance de las negociaciones al anunciar que no habría aumento para los docentes y que la erradicación de las plantaciones de coca y la construcción de los cuarteles en el Chapare (contra la que se levantan los cocaleros) es "innegociable". Esto significa que Bolivia está sufriendo el impacto del plan regional del imperialismo, concebido y financiado por los USA para monopolizar el negocio de las drogas e imponer su versión de la globalización económica, la cual implica el hundimiento de los trabajadores condenados a pagar su crisis.

El recuerdo de las luchas del pasado ha estimulado la intrepidez de los trabajadores. Ante el empuje de las masas rurales y el choque con los efectos de la crisis, debe producirse eventualmente la movilización del proletariado minero y fabril, el cual debe tornar de nuevo en sí para ponerse al frente del movimiento. En 1952, bajo una situación política extraordinaria a nivel mundial en la que el trotskysmo se puso a la cabeza del movimiento social, los mineros derrotaron al ejército y fundaron la COB como expresión de su ofensiva revolucionaria. En 1970 se registró un gran ascenso que desembocó en la Asamblea Popular. En 1979 se produjo una huelga general que unió en todo el territorio a obreros, campesinos y miembros de comunidades indígenas. En marzo de 1985 los mineros ocuparon la ciudad de La Paz. La suma de estas luchas ha demostrado que sólo el proletariado, inspirado en un programa comunista, puede emancipar socialmente a las masas campesinas e indígenas encadenadas al latifundio, la burguesía, el Estado y los agiotistas. Debido a su carácter de clase, el Estado democrático no puede hacerlo. En efecto, los dos grupos que lo controlan, la burguesía local y los terratenientes, no son más que una prolongación del imperialismo y de las burguesías metropolitanas. Ambos se han transformado desde hace mucho tiempo - a través de su vinculación al capital minero, de la implantación del sistema de plantación para la explotación del trabajo asalariado, del usufructo de la renta captada por el Estado y del sistema financiero - en una fracción más de la burguesía mundial unificada en un solo frente contra todos los explotados.

En algunos aspectos el caso de Bolivia repite el de Ecuador, Perú y Colombia. Al igual que en esos países - donde la bancarrota de los políticos tradicionales es explícita - la incapacidad para contrarrestar el movimiento a través de los mecanismos acostumbrados de los partidos y el fiasco de las medidas de fuerza, ha impelido a la burguesía a apelar a las instituciones de la sociedad civil - aparentemente "neutrales" y "supraclasistas" - para contener a las masas y hacerlas retornar al redil. En Bolivia, por ejemplo, gracias a la mediación de la Iglesia, se logró convencer a los cocaleros, a la Coordinadora del Agua de Cochabamba y a los maestros de ‘dialogar’ con el gobierno. La única - pero muy importante - excepción son los campesinos de la Cutce. La psicología de éstos es refractaria a los curas - que son mortalmente odiados en las comunidades indígenas - y sus necesidades son demasiado urgentes para postergarse a cambio de una ilusión. Por otra parte, el fracaso de los partidos populistas tradicionales para convocar a las masas y la inepcia del Estado para conservar las riendas de la autoridad - frente a unas masas que sienten que ya no es posible soportar más - inspira a la burguesía el proyecto de crear una "alternativa" de izquierda que frene a los explotados. No hay motivo para asombrarse de que los sueños que hoy alberga la derecha, puedan muy bien ser materializados mañana por la izquierda. En Europa esto ya está sucediendo. Todas estas cuestiones determinan que el levantamiento de hoy ponga igualmente en primer plano, de una manera aguda, la cuestión de la estrategia política de los explotados. Sin embargo, lo primero que hay que constatar es que éstos, pese a rebelarse, carecen de puntos de referencia para delimitar una línea de acción y una meta histórica que les permita sustituir el viejo orden de cosas por uno nuevo. Al igual que todas las situaciones del pasado, arriba citadas, la de hoy refleja una dinámica revolucionaria que no consigue cristalizar en la dictadura del proletariado por ausencia de un partido proletario dotado del programa, la estrategia y las indicaciones tácticas para el derrocamiento de la burguesía y la instauración de su poder. El balance de la rica experiencia histórica del proletariado boliviano prueba una vez más que la dinámica espontánea de las masas sublevadas, en la medida que desemboca en órganos e instancias autónomas de poder de los trabajadores, es una condición necesaria, pero jamás suficiente para el triunfo revolucionario. Es preciso que la política y el programa comunista estén al mando. El otro problema está en la constitución de una Internacional que enlace la acción del partido proletario local con la de la clase y su organización política en todo el mundo.